
La comunidad presentó la demanda ante el tribunal internacional con el fin de solicitar la adopción de medidas cautelares en protección de la vida e integridad física y psíquica de la comunidad y sus miembros; y en especial la remisión al Estado de Chile para que adopte medidas que signifiquen el cese inmediato de la actividad de la empresa Los Fiordos; dé instrucciones para la protección del territorio ancestral de la comunidad; garantice la vida, la seguridad y la integridad física y psíquica de la comunidad y sus miembros; y envíe un informe sobre la situación de la comunidad y el estado de las medidas adoptadas, garantizando la vida de la comunidad en sus territorios.
La decisión fue tomada luego que el 2006, al igual que en el año 2004, la comunidad recurrió a tribunales chilenos a través de recursos de protección en contra de la Comisión Regional del Medio Ambiente y empresa Los Fiordos, pero fueron rechazados en primera y segunda instancia.
UNA PELEA DE AÑOS
La comunidad Pepiukëlen ha mantenido desde hace aproximadamente 6 años una lucha por evitar la contaminación de las salmoneras en el territorio.
Según los dirigentes, la instalación de sus fábricas “están matando el entorno natural que hasta no hace mucho tiempo atrás era un verdadero paraíso”.
En enero de 2004, la Corema de la Décima Región aprobó el proyecto de la empresa pesquera Long-Beach para instalar una fábrica de harina y aceite de pescado en el sector en un procedimiento que, según la comunidad, “fue hasta vergonzoso”, puesto que al momento de la votación sólo estaban en la sala 8 de las 11 personas que eran el mínimo para sesionar. Posterior a esto, en marzo de 2006, nuevamente la Corema aprobó un proyecto para otra empresa salmonera en el mismo lugar, ya que Long-Beach no se instaló.
En esta ocasión se trató de la empresa Los Fiordos, del consorcio industrial AGROSUPER, y pese a que el proyecto debía ser evaluado por un Estudio de Impacto Ambiental, la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) sólo le exigió una Declaración de Impacto Ambiental. Incluso más tarde la propia Contraloría Regional de Los Lagos expuso que "la Corema de Los Lagos no habría aplicado rigurosamente la normativa legal y reglamentaria vigente”.
Pero, a pesar de lo establecido por la Contraloría, la Corema desatendió esta indicación y el 26 de julio nuevamente dio luz verde al proyecto, que no se ajustó en su evaluación a lo que establece la ley y el reglamento vigente.
En este contexto, la comunidad aseguró que hoy “las autoridades administrativas del estado chileno y que integran la COREMA de la X Región mienten sin escrúpulos con el fin de avalar lo aprobado por ellos mismos y que no se puede sostener”.
Publicada originalmente el martes 27 de febrero de 2007